Autor: LaRed24

(Redacción) En el Patio Vitral del Congreso del Estado, la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presidió el foro “Semana Mundial de la Lactancia: Lactamos con Amor”, un encuentro plural en el que participaron mujeres, autoridades municipales, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el bienestar de las infancias en Tlaxcala. Este espacio tuvo como propósito generar conciencia colectiva sobre la importancia de garantizar el derecho a una lactancia materna digna, libre de estigmas y con respaldo institucional.

En su intervención, la legisladora reiteró su firme respaldo al derecho de las mujeres a lactar en libertad, sin miedo, sin prejuicios y sin ningún tipo de discriminación. Destacó que es indispensable visibilizar esta práctica como un acto natural y esencial para el desarrollo de la niñez, y como una responsabilidad compartida que debe ser apoyada tanto por el Estado como por la sociedad en su conjunto. Asimismo, consideró fundamental continuar impulsando campañas de sensibilización que rompan estereotipos y promuevan una cultura de respeto hacia las madres lactantes.

Martínez Sánchez subrayó que en Tlaxcala existe una deuda histórica con las mujeres, especialmente en lo que respecta al reconocimiento y protección de sus derechos reproductivos y de crianza. En ese sentido, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo iniciativas legislativas que abonen a saldar esa deuda pendiente, mediante acciones concretas que respalden a las mujeres en todas las etapas de la maternidad. “Estoy segura de que esta Legislatura está dispuesta a saldar la deuda histórica con las mujeres, no solo desde el discurso, sino desde el trabajo legislativo comprometido y con perspectiva de género”, puntualizó.

Este foro reunió a expertas en derechos humanos, salud materna y asesoría en lactancia, con el objetivo de reflexionar sobre los pendientes legislativos, sociales y culturales que persisten en torno a esta práctica fundamental para la salud y el bienestar de niñas, niños y mujeres; entre ellas, Martha Isabel Olmedo y Lizbeth Lagunes, así como de la activista Coral Ávila.

También asistieron regidoras, directores y directoras de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema, quienes coincidieron en la necesidad de generar entornos seguros para las madres lactantes. En este espacio informativo y formativo, se abordaron propuestas para promover la creación de lactarios en espacios públicos y centros de trabajo, como una medida que garantice el ejercicio pleno de este derecho.i

 

 

(Redacción) En la última sesión del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) correspondiente al mes de julio, se atendieron distintos expedientes relativos al procedimiento de Consulta previa a las comunidades que en Tlaxcala eligen a las personas titulares de sus presidencias mediante sus sistemas normativos internos; respecto a la aprobación del Reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidencias de comunidad por el sistema de usos y costumbres, por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Antes, durante la presentación de la propuesta de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-17/2025 instaurado oficiosamente en contra de una otrora candidata a Magistrada en Materia Civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala por la presunta contratación o compra de espacios en medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales, internet, redes sociales o espacios noticiosos con fines de promoción; y en contra del medio de comunicación «e-consulta tlaxcala” y/o «etlaxcala» por la presunta organización foros de debate o de entrevistas noticiosas en condiciones de inequidad, la segunda ponencia a cargo del Magistrado Presidente, Miguel Nava Xochitiotzi, se expuso que no se acreditaron los señalamientos, por lo que el Pleno declaró la inexistencia de las infracciones.

Respecto de la infracción atribuida a la ciudadana denunciada, del análisis integral de las constancias que integran el expediente, no se advirtieron elementos de prueba, por lo menos indiciarios o suficientes. para acreditar que existió un pacto o convenio previo con el medio de comunicación antes referido, con el fin de que se promocionara la candidatura, se difundiera la entrevista realizada a la hoy denunciada o se realizaran las publicaciones objeto de este procedimiento.

Aunque las publicaciones denunciadas fueron realizadas durante el periodo de campañas electorales, al no existir algún indicio de que la otrora candidata hubiera erogado pago alguno a efecto de que se promocionara su candidatura, no fue posible tener por actualizado el elemento esencial de la presunta infracción que se le atribuyó.

Asimismo, se estimó inexistente la infracción atribuida al medio de comunicación denunciado, pues de las constancias que integran el expediente se advierte que, al organizar la entrevista en cuestión, cumplió con los parámetros establecidos en los Lineamientos aplicables, esto es:

–              Invitó a la totalidad de candidaturas, garantizando que todas las personas candidatas se encontraran en igualdad de condiciones para acceder a una entrevista.

–              Se garantizó que la entrevista se desarrollara en un ambiente de respeto, imparcialidad y equidad.

–              Se utilizó un lenguaje incluyente y no sexista, garantizando el respeto para todas las personas.

–              No se cuenta con indicio alguno de que la entrevista no cumpliera con el requisito de ser equitativa, en cuanto al tiempo de difusión o de que no se usaran los mismos recursos técnicos, en comparación con las demás candidaturas para dicho cargo de elección popular.

–              Se advierte que la información comentada en la entrevista se relacionó con su trabajo y experiencia profesional.

–              De su contenido no se advierten expresiones que difamaran, calumniaran o descalificaran a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género o con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.

Después, la tercera ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Salvador Ángel, presentó los asuntos a su cargo.

En la sentencia del juicio de protección de los derechos político – electorales TET-JDC-032/2024, promovido por personas relevantes que eligen a sus presidencias de comunidad por sistemas normativos internos, en contra la omisión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), de concluir el procedimiento de la Consulta sin cubrir todos los requisitos jurídicos como la realización de las fases del ejercicio consultivo en las asambleas mediante los lineamientos construidos por las propias comunidades, el agravio se calificó como infundado y se confirmaron las conductas impugnadas.

Se concluyó que no les asistió la razón a las Personas Actoras por lo siguiente:

             En las comunidades en las que se desarrollaron las fases de la Consulta, personas habitantes y relevantes de las comunidades decidieron la forma de desarrollar las etapas del ejercicio consultivo en acuerdo con el ITE, por lo que no sería conforme a derecho invalidar la Consulta para recomenzarla conforme con los lineamientos a los que se refieren las Personas Actoras, ya que esto supondría desconocer la voluntad de las personas de las comunidades y los acuerdos realizados con la autoridad electoral administrativa.

             En los casos donde no fue posible desarrollar la Consulta en todas sus etapas, el ITE desplegó una conducta diligente durante el desarrollo de la Consulta, pues agotó razonablemente los mecanismos a su alcance con el objetivo de propiciar el diálogo intercultural para lograr consensos y acuerdos sobre el desarrollo del ejercicio consultivo. Las medidas implementadas por el ITE durante el desarrollo del procedimiento consultivo produjeron distintos resultados que a su vez condicionaron tratamientos diferenciados. Este Tribunal resolvió diversas controversias durante el transcurso del procedimiento de consulta, fijando criterios para armonizar las posturas de las comunidades y del ITE, así como implementando medidas con el fin de propiciar el avance de la Consulta.

             La continuación del ejercicio consultivo, la emisión del Reglamento y la conclusión de la Consulta en las condiciones del caso concreto es una determinación que se estima adecuadamente ponderada para proteger los bienes jurídicos y los derechos que concurren y entran en tensión.

             La Consulta continuó hasta la emisión del Reglamento una vez que el ITE recabó la opinión de la mayoría de las comunidades participantes después de agotar la consulta en el centro de población de que se tratara, o después de realizar actos para agotar el diálogo intercultural previo, en el contexto de que el ejercicio consultivo se ajustó y se extendió en el tiempo, con el fin de consultar a la mayor cantidad de comunidades.

             Los lineamientos presentados por diversas comunidades para el desahogo de la Consulta no se aplicaron porque no fue posible agotar el diálogo intercultural para acordar la forma de desarrollar el ejercicio consultivo, acto necesario para el avance del ejercicio consultivo.

             El ITE desarrolló las fases de la Consulta agotando el diálogo intercultural con las comunidades. Las fases del ejercicio consultivo que se desarrollaron en las comunidades fueron en su territorio y con personas de sus poblaciones.

             La emisión del Reglamento es un deber jurídico contenido en una disposición aprobada por el Congreso de Tlaxcala, por lo que su aprobación es de interés público. El Reglamento impacta a las comunidades que eligen a las personas titulares de sus presidencias mediante sus propios sistemas normativos, por lo que es necesario realizar una consulta previa, libre e informada. El grado de impacto a las comunidades implica que se debe recabar información, opiniones, posiciones y propuestas antes de la emisión del Reglamento.

             El ITE determinó concluir con el ejercicio consultivo, sobre una base razonable de actos. Esto pues ya se habían realizado múltiples acciones con el fin de agotar el procedimiento consultivo en todas las comunidades, por lo que la justificación de posponer más la emisión del Reglamento se había debilitado considerablemente.

             La necesidad de emitir el Reglamento se asienta fundamentalmente en extender lo menos posible la falta de normas que provean de certeza a las comunidades sobre la forma en la que el ITE les debe proporcionar asistencia técnica, jurídica y logística. La emisión del Reglamento tuvo el efecto de no prolongar más que las comunidades no gozaran del nivel de protección que el legislador democrático previó al contemplar la aprobación del ordenamiento reglamentario sobre la forma en que el ITE les debe proporcionar asistencia y asesoría para la realización de las elecciones de las personas titulares de sus presidencias de comunidad, si así lo requieren.

             La información de las comunidades recabada en la Consulta se tomó en cuenta en la elaboración del Reglamento.

             El Reglamento tiene un impacto moderado en las comunidades porque la asistencia que presta el ITE a las comunidades requiere su solicitud previa, por lo que es posible que la comunidad de que se trate realice su elección sin presencia de la autoridad electoral, ya que tal aspecto no es un elemento de validez. Además, el Reglamento puede reformarse o ajustarse a raíz de la información, posturas, opiniones o propuestas provenientes de o recabadas por las comunidades.

             Los foros organizados por el ITE no tuvieron la finalidad de sustituir las reuniones en cada comunidad, sino de complementar los aspectos esenciales de la Consulta.

             El ITE no violentó el principio de buena fe que rige en las consultas al aprobar el Reglamento. Esto pues, en grado razonable, realizó actos para el inicio y desarrollo de la Consulta en las comunidades. Al respecto, el ITE realizó varios acercamientos con las personas presidentas de las comunidades, difirió los plazos previstos, acordó los términos de la Consulta con personas de los centros de población, lo que objetivamente demuestra actos tendientes a desahogar el ejercicio consultivo de forma previa, libre e informada, sin coerción, con confianza, respeto mutuo, y con la posibilidad de modificar el plan inicial.

En consecuencia, se declaró infundado el agravio, por lo que se confirmaron las conductas impugnadas materia de controversia dentro del procedimiento de Consulta previa a las comunidades que en Tlaxcala eligen a las personas titulares de sus presidencias mediante sus sistemas normativos internos; respecto a la aprobación del Reglamento de asistencia técnica, jurídica y logística a las comunidades que realizan elecciones de presidencias de comunidad por el sistema de usos y costumbres, por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.

Después, se atendieron tres acuerdos de cumplimiento de las resoluciones incidentales dictadas dentro del juicio TET-JDC-30/2020 y acumulado. Dos de los incidentes fueron promovidos Crisóforo Cuamatzi Flores y otras personas relevantes de las comunidades que eligen a sus presidencias por sus propios sistemas normativos. El incidente restante se promovió por Ignacio Rodríguez Hernández, persona relevante de la comunidad de Santa Justina Ecatepec.

En las resoluciones incidentales relacionadas con la consulta del reglamento de asistencia técnica a las comunidades, se emitieron diversas medidas dirigidas a continuar con el procedimiento de consulta.

A través del acuerdo plenario, se declaró que las resoluciones incidentales están cumplidas en los términos pormenorizados en cada uno de los proyectos de acuerdo y que, en esencia, concurren a demostrar que la autoridad electoral administrativa fue diligente en propiciar la continuación de la Consulta.

Por otra parte, en la resolución incidental dictada dentro de este mismo expediente, el TET-JDC-030/2020 Y ACUMULADO promovido por personas relevantes de las comunidades que eligen sus presidencias por sus propios sistemas normativos en contra de omisiones atribuidas al Congreso del Estado de Tlaxcala, se explicó que, en la Sentencia definitiva se ordenó remitir al Congreso de Tlaxcala la sentencia y los escritos de demanda para que se pronunciaran respecto de la solicitud de consultar a las comunidades en relación con el nombramiento de representaciones ante el Consejo General del ITE y la creación de un Consejo Indígena y Comunitario.

Los Actores presentaron un escrito reclamando que el Congreso no ha atendido sus propuestas de instrumentar, previa consulta, la posibilidad de nombrar representaciones de las comunidades ante el Consejo General del ITE, y de crear un Consejo Electoral Indígena y Comunitario.

En este caso, se declaró que, aunque el Congreso ha realizado actos tendientes al cumplimiento, la Sentencia definitiva no se puede tener por cumplida por las razones siguientes:

             El Congreso ha realizado actos tendentes al cumplimiento; sin embargo, no ha ponderado que los Actores son personas que se autoadscriben como indígenas, por lo que la atención a sus propuestas adquiere otra dimensión que obliga a la autoridad legislativa a considerar las propuestas como verdaderas iniciativas y, en consecuencia, debe agotar las posibilidades del procedimiento legislativo para satisfacer el derecho de quienes reclaman el incumplimiento de la Sentencia definitiva.

             El análisis integral y exhaustivo de las propuestas de los Actores permite concluir que los Actores no realizaron una simple solicitud formal, sino que expresaron las razones que desde su perspectiva justifican una modificación estructural al sistema electoral. Las propuestas se pusieron a consideración del Congreso, órgano legislativo con facultad soberana para reformar el diseño de las instituciones electorales dentro de los límites establecidos por la Constitución. El Congreso, como cualquier autoridad del Estado mexicano, tiene el deber de analizar con perspectiva intercultural las peticiones de las comunidades y pueblos indígenas o equiparables. El sistema normativo local prevé la posibilidad de que personas ciudadanas presenten iniciativas de ley al Congreso, las cuales deberán procesarse mediante el procedimiento legislativo.

En consecuencia, para atender conforme a Derecho las propuestas de los Actores, el Congreso debe procesarlas mediante el procedimiento legislativo.

En otro punto, se presentó el acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia dictada dentro del juicio de protección de los derechos político – electorales de la ciudadanía TET-JDC-083/2022.

El juicio fue promovido por personas relevantes de las comunidades que eligen a sus presidencias por sus propios sistemas normativos. En la sentencia definitiva se emitieron diversos efectos cuyo cumplimiento se revisa en la propuesta.

En la Sentencia definitiva se ordenó lo siguiente:

             Celebrar la reunión colectiva de trabajo solicitada por personas relevantes de las comunidades al ITE. Esto, de conformidad con los lineamientos fijados por este Tribunal para propiciar el agotamiento del diálogo intercultural y la adopción de acuerdos sobre la forma de llevar la Consulta.

             El ITE debía ajustar la infografía aprobada con el Acuerdo ITE-CG 61/2022 por el que se dio respuesta a la propuesta de personas relevantes de diversas comunidades de celebrar una reunión colectiva para tratar asuntos relacionados con la Consulta.

El Pleno del TET, avaló dar por cumplida la Sentencia definitiva de acuerdo con lo siguiente:

• La Sentencia definitiva fijó parámetros para el desahogo de la reunión colectiva ante el deber de desahogar la Consulta mediante acuerdos adoptados a través del diálogo intercultural. Esto, dada la falta de acuerdo en la forma de desahogar la reunión, que fue manifestada por personas de las comunidades.
• El ITE realizó comunicaciones escritas con las Comunidades en alusión específica al cumplimiento de la Sentencia definitiva. Esto con el fin de propiciar la reunión colectiva solicitada en su momento por personas relevantes de las comunidades. Sin embargo, no hay evidencia de que la reunión colectiva se haya realizado.
• El ITE fue diligente en su conducta para propiciar la reunión de trabajo colectiva con las personas relevantes de las comunidades que impugnaron. Esto, pues les comunicó por escrito la invitación de señalar fecha para la celebración de la reunión colectiva solicitada en su momento por personas relevantes de las comunidades. La comunicación fue reiterada ante la falta de respuesta. Las comunicaciones se hicieron de forma respetuosa y sin contravenir los lineamientos fijados en la Sentencia definitiva.
• Incluso, con posterioridad a los hechos informados por el ITE, se hicieron acercamientos con las comunidades en las que se había podido avanzar en la Consulta, y fue posible desahogar las fases del procedimiento en tres de los centros comunitarios.

El ITE ajustó la infografía de conformidad con el acuerdo.

Finalmente, a través del acuerdo plenario de cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de protección de los derechos político – electorales de la ciudadanía TET-JDC-030/2020 Y ACUMULADO que fue promovido por personas relevantes de las comunidades que eligen a sus presidencias mediante sus propios normativos internos en contra del Acuerdo ITE-CG 31/2020 del ITE por el que aprobó el reglamento de asistencia técnica.

En la Sentencia definitiva se determinó que el ITE debía implementar la consulta del reglamento conforme con los deberes siguientes:

• Elaborar un calendario en el que detallara las fases de la Consulta.
• Concluir las medidas preparatorias con el objetivo de verificar y determinar la manera de realizar la Consulta.
• Realizar las consultas a las comunidades.
• Aprobar el reglamento y hacerlo de conocimiento de las Comunidades.

Se determinó que el ITE dio cumplimiento a la Sentencia definitiva conforme con lo siguiente:

• El ITE elaboró un calendario susceptible de modificaciones conforme a lo que se acordara con las Comunidades.
• El ITE cumplió con la ejecución de las primeras actividades de la Consulta. El ITE reportó haber dado cumplimiento a los efectos 1 y 2 de la Sentencia definitiva dentro del plazo fijado.
• El ITE realizó múltiples actividades para la planeación del ejercicio inédito de una consulta a comunidades indígenas y equiparables, con lo que generó las condiciones para la participación de las personas de las Comunidades en la Consulta.
• El acuerdo de creación del Protocolo y el Protocolo mismo, aprobados por el ITE, son los documentos fundamentales a través de los cuales la autoridad administrativa electoral documentó la forma en que realizó las primeras actividades de la Consulta para estar en condiciones de desarrollar las fases siguientes. En ese sentido, los documentos de los que se trata introducen los parámetros o directrices establecidos en la Sentencia definitiva y los desarrollan para darles efectividad.
• El ITE determinó aprobar el Reglamento aproximadamente 2 años después del inicio de la Consulta. Esto, dada la complejidad del ejercicio consultivo y sobre la base de que ya se había desahogado las fases del ejercicio consultivo en más del 50% de las Comunidades, en la inteligencia de que había realizado los actos suficientes para agotar el diálogo intercultural con todas las Comunidades y estimó que era momento de pasar a la confección y aprobación del Reglamento.
• El Reglamento se aprobó mediante Acuerdo ITE-CG 15/2024, y se notificó a las 94 comunidades.

 

 

(Redacción) Al emitir la sentencia de los primeros dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) de los más de 40 iniciados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) como resultado del monitoreo realizado por su Área Técnica de Comunicación Social y Prensa, por la presunta contratación de espacios en medios de comunicación con fines de promoción de diversas candidaturas que contendieron en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025; y por la presunta realización de entrevistas y foros de debate en condiciones de inequidad, infracción atribuida a diversos medios de comunicación digital, no procedieron. El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, declaró la inexistencia de la contratación de espacios en medios de comunicación digital, por falta de pruebas de pago, se comprobó la invitación a más participantes y que las entrevistas fueron realizadas y difundidas en periodo de campaña.

Ates, de manera conjunta se aprobaron los acuerdos plenarios de los PES identificados con los número 004, 016, 022, 028, 034, 043 y 046 de este año, iniciados con motivo de las vistas realizadas por el Área Técnica de Comunicación Social y Prensa del ITE, por la presunta contratación de espacios en medios de comunicación con fines de promoción de diversas candidaturas que contendieron en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025; y por la presunta realización de entrevistas y foros de debate en condiciones de inequidad, infracción atribuida a diversos medios de comunicación digital.

Al respecto, quienes integran el Pleno del TET, determinaron por unanimidad que los expedientes remitidos por el Instituto no se encuentran debidamente integrados, al advertir que la autoridad sustanciadora no realizó las diligencias necesarias para conocer el domicilio de los titulares y representantes de algunos de los medios de comunicación, omitió requerir a las partes denunciadas para que proporcionaran el material denunciado para que este pudiera ser debidamente certificado; y no realizó diligencias de investigación relacionadas con la infracción atribuida a los medios de comunicación.

En algunos PES, la autoridad instructora emplazó indebidamente a alguna de las partes denunciadas, por lo que resulta necesario reponer los procedimientos y fueron remitidos a la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE para realizar las diligencias de investigación que se especificaron en cada expediente.

Por otra parte, el Pleno votó por unanimidad la sentencia para resolver el Procedimiento Especial Sancionador número TET-PES-007/2025 iniciado con motivo de la vista realizada por el Área Técnica de Comunicación Social y Prensa del ITE, por la supuesta contratación o compra de espacios en medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales, redes sociales o espacios noticiosos, con fines de promoción de la otrora candidata a magistrada en materia Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala (TSJE), derivado de una entrevista publicada en el perfil de Facebook del medio de comunicación digital “Angar Medios”.

En este asunto, también se señaló la supuesta organización de entrevistas y foros de debate en condiciones de inequidad atribuida al medio de comunicación digital.

La primera ponencia que dirige la Magistrada Esther Terova Cote estuvo a cargo del expediente en el que se propuso declarar la inexistencia de la contratación de espacios en medios de comunicación digital, redes sociales o espacios noticiosos, porque de las constancias del expediente no se acreditó que la denunciada hubiera celebrado un contrato para la elaboración y publicación de la entrevista que le realizó el medio de comunicación, así como tampoco se acreditó una erogación para potenciar o amplificar su difusión, postura avalada por el resto de los integrantes del Pleno.

Por otra parte, se declaró inexistente la organización de foros o entrevistas en condiciones de inequidad atribuida a “Angar Medios”, porque el medio de comunicación publicó una invitación general a todas las candidaturas que contendieron en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para ser entrevistadas, no se contrató ni se realizó pago alguno para la entrevista y su difusión en Facebook se realizó a base de preguntas y respuestas.

Derivado de las preguntas realizadas, la denunciada abordó diversas temáticas sobre su origen y radicación, así como su vida personal, académica y profesional, expresiones que están amparadas por la libertad de expresión, en el resolutivo de la autoridad jurisdiccional, se detalló que si bien la persona señalada en este asunto manifestó sus aspiraciones electorales para ser magistrada del TSJE, su difusión durante la etapa de campaña fue válida, sin que se vulnerara el principio de equidad en la contienda.

En este sentido se explicó que ya que la superioridad, al resolver el juicio electoral SUP-JE-162/2025 señaló que en el marco del proceso electoral extraordinario para elegir a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación se debía maximizar el derecho a la libertad de expresión de las candidaturas, flexibilizando las reglas en las que se desarrollen las modalidades de participación y que los únicos recursos permitidos para darse a conocer frente a la ciudadanía son el material en papel y las redes sociales, sin la posibilidad de pautar, contratar y o pagar para potenciar sus contenidos, la realización de entrevistas, foros de debate, mesas de diálogo y encuentros, constituyen una alternativa frente a un modelo de comunicación política que está sumamente restringido.

Por su parte, la tercera ponencia del TET a cargo de la Magistrada Claudia Salvador Angel, presentó la propuesta de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-042/2025, en el que se declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas.

En este caso se denunció a una persona por la presunta contratación o compra de espacios y a un medio de comunicación digital por la probable organización de foros de debate o entrevistas noticiosas en condiciones de inequidad.

De manera específica, se señaló una entrevista realizada el día 23 de mayo, la cual, fue transmitida a través del perfil de la red social Facebook del medio digital, sin embargo, del cumulo probatorio del análisis al contenido de la misma, no fue posible tener por acreditadas las infracciones denunciadas, al no obrar en el expediente elemento probatorio que permitiera acreditar la existencia de un acuerdo, vínculo o contrato entre los denunciados con la finalidad de promocionar la candidatura del denunciado al cargo de juez en materia penal especializado en Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial Sánchez Piedras del estado de Tlaxcala.

Tampoco hubo probanza de algún pago por sí o por interpósita persona, al medio de comunicación digital con motivo de la entrevista denunciada y por el contrario, tanto el denunciado como el medio de comunicación digital señalaron de manera coincidente que la entrevista denunciada se llevó a cabo derivado de una invitación realizada por parte del medio de comunicación al otrora candidato sin que mediara pago alguno por su realización.

Del estudio del contenido de la entrevista denunciada, se concluyó que la participación de la persona denunciada se enmarcó en cuestiones relacionadas con temas propios de la última reforma electoral, el actual proceso electoral local extraordinario, la impartición de justicia y la forma en que la ciudadanía podría emitir su voto el día de la jornada electoral y aunque hizo referencia a sus aspiraciones electorales, esto no implicó en modo alguno, una estrategia argumentativa tendente a posicionar sus propuestas o postulados proselitistas frente a la ciudadanía.

Lo anterior, en observancia a que la Sala Superior ha considerado que, en el marco de este proceso electoral extraordinario para elegir a las personas integrantes de los Poderes Judiciales, se debe maximizar el derecho a la libertad de expresión de las candidaturas flexibilizando las reglas en las que se desarrollen las modalidades de participación.

Por otro parte, se consideró que tampoco se actualizó la infracción atribuida al medio de comunicación digital consistente en organizar entrevistas noticiosas a favor del ciudadano y en perjuicio de las demás candidaturas postuladas al mismo cargo, observando con ello un trato inequitativo en el quehacer informativo.

Ello, porque se demostró que el medio de comunicación digital no realizó solamente una invitación para la realización de entrevistas, en este caso, dirigida exclusivamente al otrora candidato a juez en materia penal especializado en Justicia para Adolescentes del Distrito Judicial Sánchez Piedras del estado de Tlaxcala, sino que, realizó una serie de invitaciones a diversas candidaturas a efecto de que fueran entrevistados varios participantes con lo que se descartó que éstas propiciaran condiciones de inequidad.

Asimismo, la invitación y la entrevista se desarrollaron en la etapa de campaña, en la que dichos actos están totalmente permitidos y que, en ese momento, el denunciado tenían el carácter de candidato, con lo que se puntualizó que el medio de comunicación no vulneró el principio de equidad en la contienda.

Finalmente, en el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-032/2024 TET-JDC-053/2025 tras la declaración como infundado del agravio planteado en este medio de impugnación, el Pleno confirmó Acuerdo ITE-CG 67/2025, por el que se aprobó la asignación de los cargos de Juezas y Jueces con ámbito territorial electivo distrital, derivado del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 y la entrega de constancias respectivas.

En este caso, una candidata a jueza en materia civil del distrito judicial de Zaragoza del estado de Tlaxcala, presentó este juicio, en contra de la asignación de cargos de personas juzgadoras a las candidaturas más votadas, las que inicialmente fueron del género masculino, por lo que, en observancia al principio de paridad de género, desplazó a la candidatura masculina con menor porcentaje de votación calculada sobre la votación total emitida para que la candidatura femenina más votada en el distrito ocupara el cargo. El desplazamiento recayó en la candidatura masculina del distrito judicial de Cuauhtémoc, por lo que la candidata más votada en esa demarcación accedió al cargo de jueza en la especialidad civil. Por ello, la Actora no accedió al cargo al quedar firme la candidatura del género masculino en su distrito por tener mayor porcentaje de votación que la candidatura del mismo género en el distrito judicial de Cuauhtémoc.

Se puntualizó que a la actora no le asistió la razón en sus planteamientos por lo siguiente:

De las Constituciones federal y local, y las disposiciones legales aplicables, se desprende la directriz normativa de que las candidaturas electas serán las que obtengan la mayor cantidad de votos y que en la asignación deberá observarse la paridad de género. En el caso, la candidatura se asignó a la candidatura más votada en el distrito judicial de Cuauhtémoc y a la candidatura más votada en el distrito judicial de Zaragoza. Las candidaturas electas fueron del género masculino, por lo que, en aplicación del principio de paridad y las reglas derivadas, correspondió desplazar una de las 2 candidaturas masculinas a favor de la candidatura femenina más votada en el distrito en el que se hizo el ajuste. La determinación no es contraria a la Constitución ni a la ley, pues armoniza la directriz de otorgar el triunfo a las candidaturas más votadas, con el principio de paridad de género y con el derecho a ser votado y de acceder al cargo, así como con el principio democrático. Esto, al asignarse el cargo judicial a la mujer más votada en el lugar en el que se encontró la candidatura masculina con menor representatividad, con lo que se eligió un juez y una jueza en materia civil.

Fue conforme a Derecho el parámetro porcentual utilizado para determinar cuál de las dos candidaturas masculinas que inicialmente fueron asignadas por haber obtenido el mayor número de votos debía ser desplazada. Esto, pues las condiciones de participación en cada uno de los dos distritos involucrados fueron diversas al conformarse por un número de votantes no equivalente dada la gran diferencia entre ambas cantidades. En esas condiciones, el criterio porcentual es un método idóneo para comparar votaciones inicialmente no equivalentes. El criterio porcentual justifica la intervención grave del principio de paridad sobre el derecho a ocupar un cargo de elección popular de la candidatura masculina sobre la que recae el desplazamiento, y sobre el principio democrático en su aspecto de preeminencia de la decisión mayoritaria. Esto porque el criterio porcentual permite determinar la representación real de cada candidatura en su distrito, a partir de lo cual se ubica a la candidatura menos representativa, sobre la que recaerá el desplazamiento y se asigna el cargo a la candidatura de mujer más votada en la demarcación.

El porcentaje calculado sobre la votación total emitida proporciona resultados más cercanos a la representatividad real que el basado en la votación válida. El desplazamiento de una candidatura entre dos posibilidades que inicialmente obtuvieron la mayor cantidad de votos en su distrito debe justificarse con razones sólidas, pues incide en el derecho humano a ser votado de una persona candidata que obtuvo la mayoría de los votos en una de las demarcaciones, así como en el principio democrático en el aspecto de que las personas electas popularmente sean las más votadas. La representatividad real de cada una de las candidaturas en el caso que se resuelve no se puede obtener a partir del número de votos de cada una de las candidaturas masculinas, sino a partir de las condiciones en que participaron; destacadamente, a partir del número de votos que estuvieron en disputa en cada distrito. La votación total emitida se compone de un número mayor de votantes en la demarcación que en el caso de la votación total válida, es decir, la votación total emitida es un conjunto más próximo al número total de personas con derecho a voto en la demarcación, parámetro con base en el cual es posible calcular de mejor forma el valor de cada voto en relación con el otro distrito a comparar y, por tanto, la representatividad real de cada candidatura en su distrito a partir del número de votos que obtuvo cada una. En ese sentido, no es pertinente en este caso descartar los votos nulos, pues no se trata de un diseño para asignar escaños por representación proporcional, sino de obtener la representación real de cada candidatura de hombre para justificar el desplazamiento.

El método utilizado por el ITE fue sustancialmente consistente con la Constitución y con la ley, por lo que las disposiciones reglamentarias contenidas en los Criterios de paridad y en los Lineamientos de asignación deben entenderse en el sentido de que en casos donde deba realizarse un desplazamiento de candidaturas de hombre pertenecientes a distritos no comparables por sus diferencias en el número de personas registradas en la lista nominal, el ajuste debe realizarse sobre el candidato con menor representatividad calculada mediante la obtención del porcentaje de votación obtenido a partir de la votación total emitida.

Al no asistirle la razón a la Actora respecto de los problemas jurídicos planteados, el agravio formulado fue infundado; por ello, se procedió a confirmar el acuerdo ITE-CG 67/2025, en lo que fue materia de impugnación, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría otorgadas a las candidaturas asignadas en los cargos de juez y jueza en materia civil en los distritos judiciales electorales de Zacatelco y Cuauhtémoc.